Declara el incumplimiento del deber de conservación del inmueble cedido por la Junta a la UCA · Teófila Martínez advierte que "se acabó la broma" y anuncia que hará lo mismo con la Escuela Náutica
"Se acabó la broma". La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, anunció ayer que el Ayuntamiento que preside ha decidido declarar el incumplimiento del deber de conservación como posible "paso previo" al inicio de expediente de expropiación del edificio del Olivillo en la avenida Duque de Nájera. La primera edil destacó que el equipo de gobierno municipal toma esta decisión "cansado de los requerimientos a los propietarios del inmueble".
"Nos han tenido embromados, que si era de la universidad, que si le estaban buscando un uso, que si hotel, que si residencia, que si escuela de hostelería. Y ya no podemos aguantar más porque estamos hablando de un edificio catalogado", manifestó Martínez. La alcaldesa añadió que "ahora, que la Junta se retrate" y anunció que el Ayuntamiento "irá en la misma dirección" con el edificio de la Escuela Náutica.
El Ayuntamiento ha tomado este camino después de requerir en varias ocasiones a la Universidad de Cádiz obras de ornato del edificio, abandonado desde hace 27 años, que desembocaron incluso en la incoación de un expediente sancionador a la institución académica como propietaria de una finca que le cedió la Junta de Andalucía en 1998 por espacio de 50 años en un acuerdo que reflejaba que la Universidad se haría cargo de los gastos necesarios para mantener en buen uso el edificio. Una de las claves de la polémica con este inmueble está en que ni la Universidad ni la Junta se consideran propietarios del mismo.
La UCA se defendía en el mes de marzo declarando que "anualmente" viene realizando "distintas actuaciones de mantenimiento" en el Olivillo. Asimismo, recordó que a finales de 2011 el Ayuntamiento reiteró a la UCA que adecentase el edificio, por un lado, y que realizase un estudio de estructura, por otro. No obstante, "al no disponer de presupuesto con el ejercicio tan avanzado, se decidió incluir un apartado de mantenimiento en el presupuesto de 2012".
Asimismo, y en respuesta a la petición municipal, la institución académica realizó un informe técnico sobre el estudio de la estructura "para dar prioridad a la seguridad del edificio" antes de acometer las actuaciones de ornato, "con la finalidad de evitar, así, el consiguiente riesgo para los técnicos y responsables encargados de las mismas". A la vista de las conclusiones del informe que incidieron en el "importante estado de deterioro de la estructura de hormigón y de los procesos de corrosión en el forjado del edificio", desde la UCA aseguraron haber "priorizado las actuaciones relacionadas con la seguridad".
Afirmaron también que el informe técnico, elaborado por una empresa especialista en estructura, se recibió en enero, y que técnicos de la UCA y del Ayuntamiento se reunieron el 17 de febrero para dar a conocer el estado de la estructura y plantear posibles actuaciones. En ese momento, la UCA emprendió dos acciones: la primera, de tapiado de todos los accesos al inmueble. Y la segunda, en marcha, de contratación de medidas de seguridad, consistentes en la extensión de la red de protección y en el aseguramiento del anclaje de las redes existentes en los vuelos de cubierta y la fachada.
Sin embargo, en junio se conoció que el inmueble se hallaba en situación de ruina técnica, lo que ha conducido a la decisión anunciada ayer por Martínez.
SANCIONES
En el mismo orden de cosas, la alcaldesa habló ayer tras la junta de gobierno local de propuestas de incoación de expediente sancionador por desatención a requerimientos de obras de seguridad en fincas de la ciudad, anunciando que "vamos a hacer ya en paralelo a las multas coercitivas, que solo sirven para que si no lo hacen los propietarios lo haga el Ayuntamiento, incoar los expedientes de multas sancionadoras. La ley les permite a los propietarios dilatar en el tiempo las actuaciones, y eso no puede ser", concluyó Martínez.
"Nos han tenido embromados, que si era de la universidad, que si le estaban buscando un uso, que si hotel, que si residencia, que si escuela de hostelería. Y ya no podemos aguantar más porque estamos hablando de un edificio catalogado", manifestó Martínez. La alcaldesa añadió que "ahora, que la Junta se retrate" y anunció que el Ayuntamiento "irá en la misma dirección" con el edificio de la Escuela Náutica.
El Ayuntamiento ha tomado este camino después de requerir en varias ocasiones a la Universidad de Cádiz obras de ornato del edificio, abandonado desde hace 27 años, que desembocaron incluso en la incoación de un expediente sancionador a la institución académica como propietaria de una finca que le cedió la Junta de Andalucía en 1998 por espacio de 50 años en un acuerdo que reflejaba que la Universidad se haría cargo de los gastos necesarios para mantener en buen uso el edificio. Una de las claves de la polémica con este inmueble está en que ni la Universidad ni la Junta se consideran propietarios del mismo.
La UCA se defendía en el mes de marzo declarando que "anualmente" viene realizando "distintas actuaciones de mantenimiento" en el Olivillo. Asimismo, recordó que a finales de 2011 el Ayuntamiento reiteró a la UCA que adecentase el edificio, por un lado, y que realizase un estudio de estructura, por otro. No obstante, "al no disponer de presupuesto con el ejercicio tan avanzado, se decidió incluir un apartado de mantenimiento en el presupuesto de 2012".
Asimismo, y en respuesta a la petición municipal, la institución académica realizó un informe técnico sobre el estudio de la estructura "para dar prioridad a la seguridad del edificio" antes de acometer las actuaciones de ornato, "con la finalidad de evitar, así, el consiguiente riesgo para los técnicos y responsables encargados de las mismas". A la vista de las conclusiones del informe que incidieron en el "importante estado de deterioro de la estructura de hormigón y de los procesos de corrosión en el forjado del edificio", desde la UCA aseguraron haber "priorizado las actuaciones relacionadas con la seguridad".
Afirmaron también que el informe técnico, elaborado por una empresa especialista en estructura, se recibió en enero, y que técnicos de la UCA y del Ayuntamiento se reunieron el 17 de febrero para dar a conocer el estado de la estructura y plantear posibles actuaciones. En ese momento, la UCA emprendió dos acciones: la primera, de tapiado de todos los accesos al inmueble. Y la segunda, en marcha, de contratación de medidas de seguridad, consistentes en la extensión de la red de protección y en el aseguramiento del anclaje de las redes existentes en los vuelos de cubierta y la fachada.
Sin embargo, en junio se conoció que el inmueble se hallaba en situación de ruina técnica, lo que ha conducido a la decisión anunciada ayer por Martínez.
SANCIONES
En el mismo orden de cosas, la alcaldesa habló ayer tras la junta de gobierno local de propuestas de incoación de expediente sancionador por desatención a requerimientos de obras de seguridad en fincas de la ciudad, anunciando que "vamos a hacer ya en paralelo a las multas coercitivas, que solo sirven para que si no lo hacen los propietarios lo haga el Ayuntamiento, incoar los expedientes de multas sancionadoras. La ley les permite a los propietarios dilatar en el tiempo las actuaciones, y eso no puede ser", concluyó Martínez.
La Consejería de Obras Públicas ha detallado que el PGOU de Cádiz, que sustituye al de 1995, marcará las pautas de desarrollo de la capital gaditana durante los próximos ocho años. Cádiz se convertirá en la segunda capital litoral, después de Málaga, en cumplir con las directrices marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) mediante la revisión de todo su planeamiento.