El traslado del INEM da vía libre a la Ciudad de la Justicia

El Gobierno central informó ayer a la Junta del desalojo y, por tanto, se podrá pedir licencia para el derribo y sacar el pliego para la construcción del complejo

La Ciudad de la Justicia ya puede ser una realidad por fin después de que el subdelegado del Gobierno de Cádiz, Sebastián Saucedo, comunicara al delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Manuel Jiménez Barrios, durante una reunión que ya cuenta con la autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración para el traslado de funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a otras oficinas para el derribo de la sede estatal actual, cuyo solar formará parte la construcción de la futura Ciudad de la Justicia.
Este era uno de los trámites que aún se tenía que salvar después de que a finales del pasado año la Junta cediera a la Diputación el inmueble del instituto Virgen del Rosario a cambio del suelo en el que estaba instalada la sede provincial del Instituto Nacional de Empleo. Ahora, una vez que se ha acordado el traslado de los empleados, se puede proceder al derribo y al inicio de las obras de un proyecto que se demora desde hace una década.
Según ha informado la Junta en un comunicado, se trata de medio centenar de empleados públicos del antiguo INEM que ocupan el edificio situado en la calle Granja San Ildefonso y que se trasladarán a las oficinas que el Consorcio de la Zona Franca tiene en el fondo norte del estadio Ramón de Carranza.
Además, se está evaluando si serán complejos o no los trabajos de adecuación de estas oficinas y, sobre todo, el traslado de los servicios informáticos y de los archivos.
Hay que tener en cuenta que este segundo acuerdo entre Junta y Diputación es otro complementario a uno que se produjo en octubre de 2008 con el solar comprendido entre las calles Tolosa Latour, Granja San Ildefonso y Brunete (que pertenecía a Diputación) y el edificio que ocupa la Audiencia Provincial de Cádiz, hasta entonces propiedad de la Junta. Sin embargo, esto no era suficiente ya que la administración autonómica necesitaba más espacio para llevar a cabo el proyecto.
El nuevo consejero de Justicia, Francisco Menacho, aseguró la pasada semana que en el momento en el que se produjera el traslado se procedería a la petición de la licencia de obras para el derribo y se sacará el pliego de condiciones para sacar a concurso la construcción del recinto judicial.
Menacho también despejó una incógnita y es que da por seguro que el proyecto de la Ciudad de la Justicia va a salir adelante pese al momento actual de crisis económica.
Hay que tener en cuenta que el modelo de financiación que se va a seguir en la Ciudad de la Justicia de Cádiz es el mismo que se ha hecho en Córdoba, es decir, la colaboración público-privada. Lo que hace la Junta es adjudicar a una empresa particular la construcción y explotación del edificio, de manera que es ésta la que busca la financiación para la construcción y después la administración autonómica le va pasando un canon todos los meses para ir pagando el coste de la obra.
La Ciudad de la Justicia va a conseguir acabar con la dispersión de las sedes judiciales y reducirá el coste de los alquileres que se tiene que ver obligada a realizar Justicia, como por ejemplo en la calle San Francisco para Menores, así como los existentes en los bajos del estadio Carranza.