Menacho dice que «no hay problemas de dinero» para la Ciudad de la Justicia

El consejero de Justicia asegura que el proyecto saldrá a concurso cuando se derriben los edificios del SAE y el INEM

Desde que el nuevo consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, tomó posesión de su cargo no se ha cansado de repetir que tiene dos grandes retos en lo que queda de legislatura: el desarrollo de las nuevas leyes locales y la construcción de las Ciudades de la Justicia que están pendientes en toda la Comunidad Autónoma.

La de Cádiz es una de las que más tiempo de espera lleva acumulado. Debe ser, por tanto, uno de los principales objetivos de Menacho, que además de ser gaditano, conoce a la perfección el proyecto por haber sido quien ha llevado personalmente la negociación para la permuta de los terrenos donde se va a construir el nuevo equipamiento cuando era diputado provincial de Hacienda.

Al respecto del proyecto se pronunció ayer el consejero tras reunirse con varios miembros de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo en Cádiz capital. Menacho aseguró que una vez que han finalizado todos los trámites de la permuta de los terrenos entre Diputación y la Junta de Andalucía tan solo queda pendiente «que las oficinas del Servicios Andaluz de Empleo y del INEM que están allí se trasladen a los locales que ya tienen vistos».

Una vez que se produzca este traslado, explicó Menacho que «pediremos la licencia de obras para el derribo de los edificios y sacaremos a concurso los pliegos para la construcción de la Ciudad de la Justicia».

Francisco Menacho también se refirió a los problemas de financiación que están ralentizando o mantienen paralizados muchos proyectos de las administraciones públicas. En este sentido, aseguró que para al construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz «no hay problemas de dinero».

Tras reconocer que «estamos atravesando un momento económico muy difícil», el consejero explicó que existe «un convenio por el que la construcción de la Ciudad de la Justicia se va a afrontar con inversión pública y privada, por lo que no hay ningún tipo de cortapisa presupuestaria».

Con el fin de acortar la espera para comenzar a hacer realidad el proyecto, el consejero de Gobernación y Justicia aseguró ayer que «le he dicho al delegado del Gobierno que acelere al máximo el traslado de los funcionarios de los dos edificios que aún están ocupados en los terrenos».

Y mientras que el nuevo equipamiento no se levanta en la ciudad, Francisco Menacho dijo que «seguiremos dignificando las instalaciones de las que disponemos en estos momentos lo máximo posible». Menacho puso como ejemplo de instalación que precisa mejoras el Juzgado de Menores, ahora ubicado en un inmueble que no reúne las condiciones exigidas ni para el trabajo de los funcionarios ni para la acogida de los usuarios del mismo en la calle San Francisco. «Hay que darle una solución», dijo al respecto.

El próximo miércoles el recién nombrado delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, mantendrá una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, «para ver cuáles son los problemas de los órganos judiciales en Cádiz y buscarles una solución», comentó Menacho.

Sistema telemático

En otro orden de cosas, y también con el objetivo de mejorar el sistema judicial en la provincia de Cádiz, el consejero dijo ayer que se está trabajando para que «a lo largo de este año o como mucho a principios de 2012» se instale en los juzgados gaditanos una conexión por vía telemática.

Se trata de una experiencia que ya está funcionando en las provincias andaluzas de Sevilla, Málaga, Granada y Jaén y que se denomina Lexnet.

Francisco Menacho explicó que este nuevo sistema de trabajo «agilizará mucho todos los trámites y mejorará la forma de comunicación de cualquier notificación judicial a los procuradores y abogados». Con este nuevo sistema se busca reducir los tiempos de gestión de los distintos asuntos que se tramitan por vía judicial y aminorar los costes de desplazamiento de los muchos profesionales que hasta el momento tienen que moverse de una localidad a otra simplemente para realizar asuntos burocráticos o recoger una notificación oficial.