viernes, 20 de mayo de 2011

"La conservación de la Casa del Obispo es responsabilidad de la concesión"

El Ayuntamiento insiste en que Monumentos Alavista realizó obras ilegales y acusa a Germán Garbarino de incumplimiento de contrato y de hacer uso electoralista para provocar al equipo de gobierno

El teniente de alcaldesa de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, acusa a Monumentos Alavista de "la clara dejadez de sus obligaciones y del incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión, puesto que la conservación y mantenimiento de la Casa del Obispo es competencia del concesionario".
Con estas palabras iniciaba el comunicado que el Ayuntamiento de Cádiz emitió ayer en respuesta a la rueda de prensa que el gerente de Monumentos Alavista, Germán Garbarino, ofreció en el yacimiento ante los medios de comunicación y candidatos alcaldables del PSOE e IU, Marta Meléndez y Sebastián Terrada, respectivamente.
José Blas Fernández considera "incomprensible que Germán Garbarino califique como deplorable el estado en el que se encuentra el yacimiento cuando es suya la responsabilidad contractual de conservación del yacimiento". Así figura en el pliego de condiciones, que "tampoco le capacita ni para hacer obras sin permisos ni para continuar con los trabajos de prospecciones arqueológicas", calificando su actitud y gestión como "negligente, ya que está haciendo caso omiso a este pliego".
En el mismo comunicado el edil de Contratación puntualiza que "resulta curioso, cuanto menos huele mal, que esta persona convoque a la visita con los medios a los dos candidatos a la Alcaldía de la oposición actual, actuando de manera totalmente provocadora con respecto al equipo de gobierno". Considera José Blas que esta convocatoria responde a una estrategia totalmente "electoralista que cualquier concesionario serio y preocupado por su explotación nunca hubiera utilizado". Máxime, recoge la nota de prensa, "cuando manifestó que ningún técnico ni político iba a pararle las obras en periodo electoral".
Como ha publicado este medio hace unas semanas, el Ayuntamiento ha recordado que en junio de 2010 se acordó en Junta de Gobierno Local abrir un expediente por incumplimiento contractual, de la cláusula 9 del pliego, relacionada "con una negativa injustificada a ser inspeccionado por el Ayuntamiento, así como la indebida utilización de las instalaciones y demás elementos de propiedad municipal, además de destinar al inmueble a fines distintos a los previstos en el pliego".
También hace referencia la nota al inicio de las obras que la empresa emprendió la semana pasada para poner el valor los restos de la segunda fase sin licencia de obra. "Una licencia a la que opta cualquier gaditano a la hora de llevar a cabo obras" y que es la que "otorga legalidad a la obra". En este apartado hace referencia al informe del arqueólogo municipal que, con fecha del 12 de mayo, indica que "se ha comprobado que se está ejecutando el proyecto de puesta en valor del yacimiento". En concreto informa de "la colocación de las vigas para la instalación de pasarelas". Esta obra ya fue paralizada en febrero de 2010, amplía el informe, "por lo que se está realizando sin ningún tipo de licencia de obra ni permisos pertinentes".
Con estos datos técnicos, afirma José Blas Fernández, "han sido dos veces las que se le han paralizado las obras porque no tenía la licencia oportuna, por lo tanto ¿quién se está saltando aquí la legislación vigente?", cuestiona.
También comenta que al permanecer abierto este expediente el concesionario es consciente de que puede derivar en la resolución del contrato. "Dentro de las competencias del Ayuntamiento se incluye la vigilancia y el control sobre las concesiones administrativas dadas".
Éste es el motivo por el que en octubre de 2010 el Consistorio adjudicó el estudio para la localización de las supuestas anomalías en el edificio de la Casa del Obispo a la empresa Vorsevi. Una empresa "totalmente externa al Ayuntamiento, por lo tanto totalmente neutra, es la que realiza el informe en base al cual se tomarán las medidas legales oportunas".
En respuesta a las declaraciones de Garbarino en que decía que la salida de emergencia quedaba inutilizada, "lo que se indicó fue la inmediata paralización de las obras y el cese de las mismas, y se manifiesta de manera concreta que el precinto del lugar de obras no impedirá el paso del público a la zona donde no se realicen las obras".
Desde el equipo de gobierno se solicita al gerente de la concesión "que ni amenace ni coaccione ni a los funcionarios ni al equipo de gobierno porque parece que está buscando que se tomen las medidas legales oportunas".
Por último, José Blas Fernández señaló que aunque las instalaciones estén cerradas, el concesionario "tiene que hacer frente al mantenimiento y preservar en condiciones de seguridad el yacimiento".
No obstante, informó de que el Ayuntamiento volvió a enviar en la mañana de ayer a un técnico del área de Urbanismo para que realice un informe "con documentos fotográficos donde se ponga de manifiesto el estado actual del yacimiento, evitando así males mayores en un futuro".