Los adjudicatarios de ‘La Quilla’, el quiosco-bar situado junto a la playa de La Caleta, no descansan desde que hace un par de días surgiese de nuevo una polémica que parecía haber quedado archivada desde hace dos años, la de la legalidad del establecimiento.
El pasado jueves una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz dictaminaba que el Ayuntamiento de Cádiz debe revisar el expediente en que se concedía la licencia de obras para la construcción del local a María Teresa Téllez Barrajón, tal como en su día pidió la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por lo que se declara nulo el Pleno en el que se rechazó dicha revisión en el año 2008.
No obstante, la alcaldesa de Cádiz explicaba ayer que esto no supone que se haya declarado la nulidad de la licencia. “El juzgado lo que nos dice es que el Ayuntamiento debe incoar el expediente, y si a resultas de ello, se diera la razón al recurso de la Junta, la licencia sería nula”. No obstante, desde el equipo de Gobierno se adelanta que “seguimos considerando que la licencia está bien dada y vamos a recurrir la sentencia”.
El principal argumento que esgrime en este caso el equipo de Gobierno es que “estamos seguros de que está bien, porque además es una licencia para una concesión de explotación de un edificio que es municipal. Cuando termine la concesión pasará a manos municipales y el Ayuntamiento podrá hacer lo que quiera con él. Por eso se demuestra que es una dotación, porque, aunque la licencia la pide quien ha sido objeto de la concesión, es de propiedad municipal”.
Respuesta del PSOE
Pocos minutos después, era la concejala socialista Natalia Álvarez la que se refería a la sentencia. Lo que más le llamaba la atención es que el equipo de Gobierno pudiese estar contento con una sentencia de este tipo, “que causa mucho perjuicio”.
“¿De qué se alegran? ¿De haber ido contra la legalidad urbanística? Si se insta a la revisión del expediente es porque la justicia entiende que es ilegal”, dijo Álvarez.
Para los socialistas está claro que el fin de este quiosco es su desaparición, puesto que, aunque el equipo de Gobierno intente dilatar al máximo la decisión, recurriendo ante la justicia, “desde el principio tuvimos claro que era ilegal y en su momento ya intentamos paralizar su construcción”.
Natalia Álvarez acusa al equipo de Gobierno de haber ocupado uno de los pocos espacios libres con que cuenta la ciudad, haciendo oídos sordos a las demandas de la ciudadanía. Recordó que se está causando un grave perjuicio, no sólo al propietario, “que tendrá que pedir cuentas a quien le engañó”, sino a todos los gaditanos, “que somos quienes tenemos que costear estas denuncias”.
Acabó recordando que “el nuevo PGOU va a permitir este tipo de edificaciones en los espacios libres”.
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